El silencio incómodo en los pasillos del poder se rompió ayer con un fallo que sacude los cimientos de la política peruana. Martín Vizcarra, el expresidente que llegó prometiendo "moralizar la política", ahora mira las rejas desde dentro. Cinco meses de prisión preventiva. La justicia peruana, en una movida audaz, lo considera un riesgo de fuga, un hombre con poder suficiente para torcer las reglas.
El juez Juan Checkley Soria no dudó. Su resolución fue fría, técnica, contundente. No hubo espacio para la condescendencia con un exmandatario. La Fiscalía había pedido 18 meses. Le dieron cinco. Pero el mensaje es claro: nadie está por encima de la ley.
En su fundamentación, el magistrado señaló que existen "elementos objetivos que configuran el peligro procesal", destacando que Vizcarra podría usar su influencia para obstruir la investigación. La defensa anunció inmediatamente que apelará la decisión.
Este no es un caso cualquiera. "Los Niños" es una trama que hunde sus raíces en Moquegua, cuando Vizcarra era gobernador regional (2011-2014). La Fiscalía sostiene que, bajo su mandato, se manipularon licitaciones, se inflaron precios y se benefició a empresas vinculadas a testaferros.
Los cargos específicos son graves:
Según las investigaciones, los contratos irregulares superarían los 10 millones de soles, dinero que habría terminado en bolsillos de operadores cercanos al entonces gobernador.
Los abogados de Vizcarra no se quedaron quietos. En declaraciones a la prensa, lanzaron duras acusaciones:
"Esto es lawfare. Usan el sistema judicial para eliminar adversarios políticos. Vizcarra ha comparecido a todos los llamados, no hay riesgo de fuga. ¿Por qué no aplican el mismo rigor con otros casos más graves?"
Sin embargo, analistas jurídicos consultados por este medio señalan que la decisión judicial se ajusta a estándares internacionales cuando existen indicios de obstrucción a la justicia.
El fallo ha dividido a la clase política:
En redes sociales, los hashtags #VizcarraPreso y #NoAlLawfare han dominado la conversación.
El calendario judicial marca los próximos pasos:
Perú ha visto caer a tres expresidentes en menos de una década. Alan García (suicidio), Pedro Castillo (detenido), Ollanta Humala (prisión preventiva). Ahora, Vizcarra.
La pregunta que flota en el aire es: ¿Estamos ante una justicia que no teme a los poderosos? ¿O es el Perú un país donde la justicia solo actúa contra algunos?