Tras años de investigaciones y múltiples aplazamientos, el Poder Judicial peruano retomó en julio de 2025 el juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra, acusado de recibir sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014). El caso, vinculado a presuntas coimas de la constructora Odebrecht y empresas locales, revive un escándalo que sacudió la política peruana y que llevó a Vizcarra a renunciar a la presidencia en 2020 bajo acusaciones de "incapacidad moral".

La Fiscalía sostiene que Vizcarra recibió más de 2.3 millones de soles en dinero y obras a cambio de favorecer contratos con el consorcio brasileño y la empresa China Railway. Los testigos clave —incluidos excolaboradores de Odebrecht— han detallado entregas en efectivo y viajes pagados, mientras documentos desclasificados en 2023 reforzaron los cargos. Un dato revelador: parte de los fondos habrían financiado su campaña a la vicepresidencia en 2016.

El juicio enfrenta obstáculos políticos y judiciales. La defensa de Vizcarra alega "persecución mediática" y ha presentado recursos para anular pruebas, mientras organizaciones anticorrupción exigen celeridad. El expresidente, quien niega los cargos, podría enfrentar hasta 12 años de prisión si se comprueba su responsabilidad. Paradójico: quien llegó al poder prometiendo "limpieza moral" hoy es juzgado por los mismos delitos que denunció.

El caso Vizcarra refleja una crisis sistémica. Con cuatro expresidentes investigados por corrupción en la última década, Perú sigue batallando contra redes de poder enquistadas. La audiencia, programada para agosto de 2025, será clave para definir si el sistema judicial consolida su independencia o sucumbe ante presiones. La ciudadanía, desencantada pero atenta, espera señales de justicia real.