Perú endurece su régimen contra el lavado de activos con nuevas medidas clave. El gobierno de Dina Boluarte promulgó el Decreto Supremo N° 012-2025-EF, publicado el 10 de junio de 2025 en El Peruano, que amplía la supervisión a criptoactivos, plataformas de crowdfunding y comercio de oro. La medida llega tras las críticas del GAFILAT por "debilidades en sectores no financieros" en su último informe. La UIF ahora tendrá acceso directo a los registros de SUNARP y SUNAT en tiempo real, un cambio radical en la transparencia financiera.

Las empresas tendrán 90 días para adaptarse a los nuevos requisitos. Según el MEF, desde octubre de 2025 será obligatorio: 1) Verificación biométrica para transacciones en criptomonedas superiores a US$1,000, 2) Reporte automático de operaciones con oro físico mayor a 50 gramos, y 3) Registro de beneficiarios finales en plataformas de inversión colectiva. El incumplimiento acarreará multas de hasta 500 UIT (S/2.6 millones), las más altas en la historia de la UIF.

El sector tecnológico reacciona con preocupación. La Asociación Peruana de Blockchain advirtió que "la burocracia ahuyentará inversiones", mientras que la Cámara de Comercio de Lima destacó avances contra el crimen organizado. Datos de la UIF muestran que el 32% de los casos investigados en 2024 usaron criptomonedas o metales preciosos, un aumento del 18% respecto a 2023.

Expertos internacionales ven un giro estratégico. El exjefe de la UIF de Argentina, Juan Carlos Trímboli, calificó el decreto como "el más audaz de la región". Sin embargo, la ONG Transparencia Internacional recordó que Perú sigue sin condenas por lavado en el 78% de casos detectados. La próxima prueba de fuego será en noviembre, cuando el GAFILAT evalúe estas reformas.